Tras la entrada en vigor el pasado 1 de Enero del nuevo impuesto de matriculación que excluye a los vehículos que emiten menos de 120 gramos de dióxido de carbono y fija un porcentaje para los que superen esta cifra, el siguiente paso contra los gases contaminantes podría ser un impuesto en función de sus emisiones para todos los vehículos del parque automovilístico español.
El impuesto será una reforma del actual impuesto de circulación que se tarifica en función de la potencia fiscal -obtenida a partir del número de cilindros y cilindrada-, y que pasará a hacerlo en función del CO2 emitido. Sin embargo, este impuesto podría encontrarse con más problemas de los esperados, ya que los vehículos más antiguos no incluyen en su ficha de homologación las emisiones contaminantes por kilómetro.
Cada vez que hemos repostado en alguna gasolinera de las Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, parte de lo que pagamos por cada litro se trata del ‘céntimo sanitario’, nombre que recibe el impuesto que se graba sobre los carburantes para financiar parte de la sanidad.
Ahora, la Unión Europea ha declarado a este impuesto ilegal, y exige a España que lo retire en los próximos dos meses. Desde Bruselas se considera que este impuesto no tiene una finalidad específica, y que sólo busca generar ingresos fiscales. Si no se retira este impuesto en el plazo establecido, la UE llevará el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Cada una de las anteriores Comunidades aplica un impuesto diferente, y que no se corresponde precisamente con un céntimo. Por ejemplo, en el caso de Galicia, al gasóleo se le aplica un sobreprecio de 1,2 céntimos por litro, la mitad del que se aplica a la gasolina, con 2,4 céntimos por litro.
